El retraso en la exención del IVA en España lastra a 1,2 millones de PYMES

España se ha consolidado como la única «anomalía» fiscal en la Unión Europea (UE) al ser el único Estado miembro que aún no ha implementado un régimen general de franquicia del IVA. Según el reciente white paper publicado por Allyon, esta falta de transposición de la Directiva (UE) 2020/285 mantiene bloqueadas a más de 1,2 millones de pymes y autónomos, generando un sobrecoste para la economía nacional de hasta 1.200 millones de euros anuales.

La normativa europea, diseñada para reducir las cargas administrativas y fomentar el mercado interior, propone un sistema de doble umbral, una exención doméstica para empresas que facturen menos de 85.000 euros anuales y una exención transfronteriza de hasta 100.000 euros, operativa mediante un número único de identificación (Número EX). Mientras que 26 países ya han adaptado sus marcos legales, España sigue obligando a sus pequeñas empresas a declarar el IVA desde el primer euro de facturación.

Competitividad

El informe destaca que la burocracia española es sensiblemente más pesada que la media comunitaria. Una pyme en España dedica unas 130 horas anuales a gestiones relacionadas con el IVA, frente a las 80 horas de media en la UE. Esto se traduce en costes de asesoría que oscilan entre los 1.500 y 2.200 euros al año, casi el doble que en el resto de Europa.

Esta situación genera lo que el estudio denomina «regresividad fiscal». Los autónomos llegan a dedicar entre el 3% y el 5% de su facturación anual solo al cumplimiento de este impuesto, una carga que asfixia su liquidez y frena su crecimiento.

El retraso no solo tiene consecuencias económicas, sino también legales. El documento advierte sobre un «riesgo real» de que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España por obstaculizar libertades fundamentales, como la libre prestación de servicios y el derecho de establecimiento.

Para revertir esta situación, Allyon señala que el Estado debe activar de forma «impostergable» cuatro pilares tecnológicos: una plataforma electrónica de solicitud, la integración del número EX, un sistema de reporte trimestral único y una red de cooperación administrativa con la UE.

De esta forma, el documento subraya que la convergencia con el modelo europeo ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en una necesidad imperativa. A juicio del informe, sin la activación de este régimen, las pymes españolas seguirán compitiendo en clara desventaja, soportando un bloqueo estructural que lastra su supervivencia en el mercado común.

El documento destaca que el éxito de las pequeñas empresas españolas en el mercado común depende de que la administración dé el salto definitivo de las palabras a los hechos. «Con el horizonte de 2025 marcando el inicio de la plena implementación en otros países, España no puede permitirse seguir postergando una reforma que es, ante todo, una cuestión de justicia y equidad tributaria», afirma.

A su juicio, implementar este régimen no solo aliviaría el bolsillo de millones de trabajadores por cuenta propia, sino que devolvería al tejido productivo nacional la agilidad necesaria para operar en igualdad de condiciones dentro de una Europa que ya no espera a quienes se quedan atrás en la simplificación.