Nuevo frente de batalla con los autónomos

El ajuste en esta campaña de la Renta de las cotizaciones de los autónomos puede abrir otra batalla entre el Gobierno y los trabajadores por cuenta propia. Esta regularización es resultado del sistema de tributación por ingresos reales que entró en vigor en 2023 con la promesa del entonces ministro José Luis Escrivá de que no aumentaría la carga fiscal de los profesionales.

Pero la evolución del mismo ha demostrado que tal compromiso no era cierto, puesto que la mayoría de los autónomos han visto cómo crecían las exigencias tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria. Prueba de ello es que el año pasado 796.000 profesionales sufrieron un ajuste al alza de sus contribuciones de 2023, mientras que otros 460.000 se beneficiaron de una regulación a la baja.

Esos pagos e ingresos deberán reflejarse ahora en su correspondiente declaración de la Renta correspondiente a 2024, lo que dará un resultado inverso al de entonces: los primeros deberán reflejar lo pagado de más a la Seguridad Social el año pasado y los segundos habrán de incorporar a su base imponible la devolución del exceso de cotización. Con el agravante, alertan los fiscalistas, de que para muchos puede suponer un salto de tramo en la escala del IRPF, lo que derivaría en un aumento de tributación por esos ingresos adicionales a pesar de no haber aumentado sus beneficios el pasado ejercicio.

Esta situación paradójica se debe a que las cuotas de los autónomos son un gasto deducible y, por tanto, el Fisco exige compensar entre las cantidades deducidas inicialmente y lo efectivamente aportado a las arcas públicas. La Dirección General de Tributos impuso como criterio general ante estas situaciones que se corrigieran en la declaración de la Renta del ejercicio siguiente al de la generación de los ingresos en vez de hacerlo rectificando la liquidación del año al que correspondan las cotizaciones.

Este modelo, beneficioso para el Fisco al no tener que revisar de nuevo las declaraciones ya presentadas por los afectados, sin embargo es perjudicial para los autónomos, ya que llega a alargar hasta tres años los trámites de los trabajadores por cuenta propia con las distintas Administraciones Públicas relacionados con el resultado efectivo de su actividad económica. Lo cual genera muchas dudas entre los afectados y sus asesores, además de incertidumbre sobre los saldos netos de cada ejercicio que impide una adecuada planificación financiera para estos trabajadores.